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Propiedad intelectual

Copiar el catálogo de un competidor no es un acto de competencia desleal

El listado de actos que son o no constitutivos de competencia desleal es, quizá, uno de los grandes misterios de la humanidad. Digo esto porque, con una simple lectura de la Ley de Competencia Desleal, uno podría llegar a pensar que cualquier actuación podría ser considerada como un acto de competencia desleal. Sin embargo, sucede justo lo contrario… o bueno, en realidad no es que exista una pauta concluyente, porque al final resulta que algunos actos que lo parecen, en realidad, no lo son; mientras que algunos que no lo parecen, sí que lo son (y otros, muchos, miles, nunca sabremos si lo son o no).

Es evidente que, si ya debía ser complicado intentar establecer una enumeración de actuaciones desleales en el año 1991, cuando se aprobó la primera versión de la Ley, esta dificultad se acrecentó notablemente con la irrupción de internet y el marketing digital. De hecho, desde mi punto de vista, esto debió ser uno de los factores que determinaron la modificación de la cláusula general (anterior artículo 5, actual artículo 4) de la Ley en el año 2009. En cualquier caso, esta evolución ha provocado la aparición de bastantes supuestos prácticos interesantes, especialmente en relación con internet.

En este sentido, el Tribunal Supremo ha dictado recientemente su Sentencia 357/2017, que si bien no versa sobre internet, sí que resuelve sobre un caso de competencia desleal en relación con la copia de un catálogo de productos en soporte papel -cuyas conclusiones, ¿serían trasladables del mundo offline al mundo online?-.

En el supuesto de hecho que plantea la sentencia, Euro Depot S.A. y Euro Depot España S.A. (conjuntamente, “Euro Depot”) demandan a Bricoman S.L., del grupo Leroy Merlin (“Bricomart”). El motivo es que, según alegaba Euro Depot, Bricomart había plagiado el catálogo de productos de la primera, teniendo en cuenta la existencia de una serie de similitudes y coincidencias, como: impresión en papel reciclado de apariencia modesta; formato reducido; impresión en cuatricromía; uso de la paleta de color; estructura interna de los catálogos; criterios de codificación visual empleados; tipografía y uso de tablas de cálculo, etc. Además, cabe hacer referencia a que Euro Depot defendía que este catálogo era susceptible de ser considerado una obra protegida por derechos de propiedad intelectual.

La sentencia dictada en primera instancia, dictada por el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla, concluyó que no había existido infracción de derechos de propiedad intelectual ni de competencia desleal. Sin embargo, en segunda instancia, la Audiencia Provincial estimó el recurso, estimando que (i) el catálogo era una obra protegida, (ii) que había existido una infracción de los derechos de propiedad intelectual de Brico Depot y (iii) que la actuación de Bricomart significaba “un aprovechamiento del esfuerzo y la originalidad creativa ajena, contraria a las exigencias de la buena fe objetiva”, por lo que existía infracción de la Ley de Competencia Desleal. Esto supuso que la Audiencia fijase una indemnización de más de medio millón de euros a pagar por Bricomart.

Por último, como todo caso apasionante (que muestra la unidad de criterio existente entre todos nuestros juzgados y tribunales), el Tribunal Supremo volvió a darle la vuelta a la tortilla y estimó el recurso de casación en favor de Bricomart, revocando la sentencia de la Audiencia Provincial. Las razones que alude el Tribunal Supremo son las siguientes:

(i) En relación con la infracción de derechos de propiedad intelectual, el Tribunal Supremo entendió que el catálogo de productos no era una obra protegida en virtud de la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que, como consecuencia, no se podía producir infracción alguna en este sentido.

(ii) En lo relativo a la supuesta realización de un acto de competencia desleal, el TS indicó que no existía en este caso, porque la mera utilización de una fórmula que funciona en el mercado (como la forma de un catálogo), ideada con anterioridad por un competidor, no es de por sí un acto de competencia desleal. Para que fuera catalogado como tal, deberían producirse, adicionalmente, consecuencias que fueran más allá. Según palabras textuales: “no se ha alegado ni mucho menos acreditado la concurrencia de alguna otra circunstancia que determinara la deslealtad en la obtención del eventual beneficio derivado de la imitación”. A tales efectos, el propio Tribunal pone como ejemplo su Sentencia 395/2013, de 19 de junio.

Por tanto, de este caso debemos concluir que, para que tenga lugar un acto de competencia desleal por una “imitación” como la acontecida en este caso, no basta con demostrar que se ha “copiado” el contenido o “aprovechado el esfuerzo ajeno”, mediando mala fe, sino que además se debe acreditar la “obtención de un beneficio” derivado de dicha actuación. Esto, sin duda, dificulta que el competidor que se ve perjudicado pueda hacer valer sus pretensiones, pues se torna bastante complicado poder demostrar las consecuencias o el beneficio “injusto” al que daría lugar el acto desleal (y mucho más aún poder cuantificarlo).

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