Tecnología y Derecho

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Derecho de las nuevas tecnologías

¿Cómo regulamos el consumo colaborativo?

Hace ya tiempo que se viene manifestando la necesidad de abordar la regulación de las actividades de consumo colaborativo. De hecho, hace apenas un mes observábamos una noticia referente a que el Parlament de Cataluña ha creado una comisión sobre economía colaborativa tras el fenómeno de Uber y Airbnb. Todo parece indicar, por tanto, que de dicha comisión se extraerá una producción de nuevas normas, lo que posteriormente se podrá extender a más territorios e, incluso, establecerse una regulación estatal. A esto apunta la consulta pública planteada por la CNMC a tal efecto.

Ante un avance tecnológico o un cambio de los hábitos de la población a causa de una innovación, el legislador siempre responde de la misma forma. En primer lugar, aparece un problema; después del problema, existe una presión por parte de un sector afectado, y por último, se acaba confeccionando una norma para atajar ese problema en concreto. Sin embargo, es evidente que este sistema no funciona como ya lo han demostrado diversos ejemplos prácticos, como fue en su día el gravamen de los materiales y dispositivos que permitieran la grabación de discos para compensar las pérdidas que producía el fenómeno de la piratería, o el reciente ejemplo de la nueva normativa de la Comunidad de Madrid para afrontar la aparición de Airbnb.

A este respecto, me viene a la mente que nuestro Código Civil es una norma del siglo XIX, concretamente de 1889 y, a pesar de ello, gran parte de su contenido continúa siendo útil en la actualidad. De hecho, detengámonos por un momento en el Código Civil ¿qué artículos son los que verdaderamente se han quedado obsoletos? Pues hay una respuesta muy clara: los que son muy específicos. Un ejemplo es el artículo 612, pues probablemente lleve años sin producirse un pleito por un enjambre de abejas que se introduzca en fundo ajeno.

No obstante, aquellos que trabajamos para sectores muy actuales, como en mi caso el internet, la tecnología o los medios de comunicación, utilizamos a diario muchos de los artículos más importantes del Código Civil. Un ejemplo son los relativos a la responsabilidad contractual y extracontractual o los referentes a algunos contratos, como la compraventa, garantías etc. ¿Y qué tienen en común estos artículos? Que no solucionan una situación específica sino que establecen un marco general dentro del cual tienen cabida multitud de situaciones, permitiendo que a lo largo del tiempo las circunstancias varíen y que la regulación continúe siendo válida. Esto comporta que, aunque no siempre sea fácil, podamos encontrar la solución a los problemas, pese a que las realidades sociales del momento de creación de la norma y del momento de la aplicación de la misma sean muy distintas.

Si me preguntaran cómo debemos atajar esta regulación del consumo colaborativo, así como cualquier otra relativa a una nueva actividad que deriva de una transformación de la realidad como consecuencia de la tecnología, manifestaría lo que venía comentando sobre el Código Civil. Es decir, no acudamos a lo fácil y rápido, que es solucionar una situación concreta a través de la producción normativa, porque (i) esa norma quedará obsoleta en apenas unos años y, como consecuencia (ii) contribuiremos aún más a la hiperinflación normativa que ya de por sí es preocupante en nuestro país. De esta manera, propondría efectuar un trabajo algo menos chapucero, con vistas a cubrir las vicisitudes que puedan acontecer en el medio y largo plazo.

En este sentido, mi propuesta es confeccionar normas mediante las cuales se establezca un marco regulatorio general, huyendo de la norma casuística y de la regulación del caso concreto. Asimismo, procuraría legislar sin atender a las presiones de sectores que se encuentran con un problema puntual en un momento temporal específico. Lo correcto sería analizar qué es lo correcto en términos de eficiencia y, sobre todo, tomar las decisiones en función de lo que repercuta en beneficio para la mayoría de los operadores -incluidos los consumidores- en el futuro.

En conclusión, la idea sería permitir que cuando se produzca un cambio de realidad a consecuencia de un avance, éste se desarrolle sobre la base de una misma regulación preexistente, suficientemente amplia como para no vernos obligados a modificar las leyes periódicamente. De esta manera, además de no contribuir al exceso de normativa existente en nuestro país; se evitaría la inseguridad jurídica que podría provocar un sistema jurídico en continua metamorfosis, que no permitiría a los ciudadanos conocer las normas por las que se rigen sus actividades.

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