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¿Publicar un tweet puede suponer cometer un delito?

¿Cuál es el auténtico poder lesivo de un tweet? ¿De verdad puede un usuario ingresar en prisión por publicar un comentario de 140 caracteres?

Hasta el 12 de abril de 1977, un día antes de que se aprobara el Real Decreto-Ley 24/1977, no existía la libertad de expresión en España. La última regulación vigente hasta ese momento del (hoy) derecho fundamental era el artículo 2 de la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta. Este artículo, que podría parecer que guardaba cierta ironía, indicaba que la libertad de expresión no tendría “más limitaciones que las impuestos por las leyes”, para, acto seguido, establecer un listado de estas “limitaciones”.

Actualmente la libertad de expresión está reconocida como un derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de la Constitución Española. Sin embargo, como cualquier derecho, no es absoluta, puesto que seguimos encontrando en las leyes limitaciones a la misma (ahora bien, muchas menos que las que existían con la Ley de 1966). Como regla general, en la práctica, la libertad de expresión colisiona en ocasiones con el derecho al honor, intimidad y propia imagen de algunas personas, lo cual puede suponer una infracción tanto de carácter civil, como de carácter penal (delitos de injurias y calumnias). Asimismo, expresarnos dentro de ciertos ámbitos especialmente delicados, puede igualmente suponer la comisión de un delito penal, como sería el de enaltecimiento del terrorismo.

Precisamente, este último delito, recogido en el artículo 578 del Código Penal, ha sido el causante de la condena de varias personas por una serie de comentarios vertidos en la red social twitter. Entre estos casos, encontramos la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2017, que condenaba al cantante del grupo musical Def Con Dos, así como la más preocupante y reciente condena por parte de la Audiencia Nacional a la estudiante de 21 años Cassandra Vera a un año de prisión y siete años de inhabilitación. La respuesta, por tanto, a la pregunta que da nombre al presente artículo es “sí”, publicar un tweet que rebase ciertos límites puede dar lugar a una condena con pena de prisión.

No son pocos los que defienden que las redes sociales han dado lugar a un ejercicio irresponsable del derecho a difundir libremente nuestros pensamientos. Sin embargo, no considero que esto sea cierto. Si echamos la vista unos siglos atrás, durante el reinado de Fernando VII tuvo lugar un “trienio constitucional”, iniciado en 1820 por Rafael de Riego, durante el cual, según palabras textuales de Gómez Priego: “se volvió a los más desatados tiempos de las Cortes de Cádiz, pero multiplicados en radicalismo: todo aquel que quería decir algo, aunque no tuviese nada que decir, fundaba inevitablemente un periódico”.

Esto (que no debería plasmarse como un hecho protervo), desde mi punto de vista, demuestra que el deseo de difundir los pensamientos y opiniones públicamente es algo inherente al ser humano actual y no únicamente encuentra su cobijo en las redes sociales. Quizás éstas han propiciado que el mensaje se propague más rápidamente y a un mayor número de personas, pero no han dado lugar a nuevos comportamientos sociales que no se hubieran manifestado con anterioridad en este sentido.

Dicho esto, me parece importante remarcar que, al margen de la opinión personal que podamos tener cada uno, debemos tener en cuenta una cuestión meramente práctica y es que, a día de hoy, un usuario de una red social se expone a un riesgo cuando publica cierto tipo de comentarios. En este sentido, parece que, al objeto de evitar problemas en este sentido, parecería recomendable ser prudente en relación con el uso de las redes sociales.

Para concluir, debe tenerse claro que la libertad de expresión consiste en tener libertad para transmitir y difundir ideas y opiniones, incluyendo (especialmente) cuando éstas no son del agrado de otras personas. Evidentemente, como ya se ha mencionado, no es absoluta. De hecho, podrían atisbarse límites axiomáticos, como son las amenazas o las calumnias, cuyos efectos lesivos trascienden de la simple “molestia” de escuchar algo que nos duele, con lo que no estamos de acuerdo o que nos resulta grosero. No obstante, estos límites, según la legislación actual, van más allá, también en el ámbito penal, como consecuencia de delitos como el de enaltecimiento del terrorismo o de injurias. De esta manera, además de las amenazas y las calumnias, los usuarios que publiquen descalificativos, especialmente en el ámbito de víctimas de terrorismo, estarán corriendo un riesgo bastante evidente en la actualidad.

P.D. Habría sido ideal incluir un párrafo de cierre para el presente artículo con un ácido y elocuaz comentario cargado de sátira y humor negro, pero un servidor prefiere continuar sin recibir antecedentes penales, ataques DDoS o, lo que es peor, el temible juicio de la opinión pública.

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