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Comentario crítico al Auto de Medidas Cautelares contra Uber

Hace apenas un mes, el 9 de diciembre de 2014, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid adoptó el Auto de Medidas Cautelares Previas 707/2014. En éste se resuelve la solicitud de medidas cautelares por parte de la Asociación Madrileña del Taxi en las que solicitaban la cesación en España –o subsidiariamente la Comunidad de Madrid- de la prestación del servicio de Uber –Real-Time Ridesharing-, además de impedir el acceso en España al contenido de la página web de Uber <www.uber.com>.

Para adoptar medidas cautelares en cualquier caso, debe justificarse la existencia de fumus boni iuris (apariencia de buen derecho) y periculum in mora (peligro por la mora procesal). Además, en este caso, se da una circunstancia excepcional que debe ser igualmente justificada, que es la adopción inaudita parte, es decir, sin dar audiencia a la parte afectada por las referidas medidas. Si bien se podría hablar largo y tendido de este auto, me gustaría centrarme principalmente en cómo resuelve este último elemento citado.

En primer lugar, cabe mencionar que el Auto comienza verdaderamente bien cuando el juez determina lo siguiente “Se ha planteado como hecho notorio en medios de comunicación y las redes sociales, un debate entre la libertad y la economía cooperativa frente a las regulaciones e intervencionismo administrativo, que excede de la cognición de una resolución judicial que por definición sólo debe descansar en el examen de la legalidad…”, sin embargo, acto seguido también dice “huyendo de debates filosóficos o de examen de cambios normativos”. Si bien me parece tremendamente oportuno que se haga alusión a que el debate existente en los medios de comunicación no debe afectar a la resolución judicial, no estoy de acuerdo con que la realidad de un cambio normativo inminente no deba ser tenida en cuenta por un juez. Recordemos que cuando nuestro Código Civil establece las reglas de interpretación de las normas, circunscribe que han de ponerse en relación con “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”.

En cualquier caso, se podría considerar la polémica suscitada referente a Uber hubiera podido influir –aunque sea indirectamente- en la decisión. Esto se observa claramente en que las medidas hayan sido adoptadas –como ya se ha dicho- sin dar audiencia a la demandada, ni la posibilidad de defenderse ni alegar nada al respecto. Prescindir de la audiencia al demandado es una medida que permite la Ley de Enjuiciamiento Civil para casos extremadamente excepcionales, en los que existan razones de urgencia o cuando la propia audiencia pudiera comprometer el buen fin de la medida (artículo 733.2 LEC). No obstante, las razones que se expresan en el fundamento jurídico tercero del Auto, no guardan relación alguna con el caso ante el que nos encontramos. El juez de lo mercantil establece que se pretende paralizar un daño provocado por el ejercicio de una actividad ilegal, en tanto que existen transportistas actuando sin cumplir con los requisitos administrativos precisos para dicha actividad.

En este sentido, por un lado se debería haber escuchado a Uber para que pudiera defender su posición -hasta qué punto es el propio Uber o serían los usuarios los que realizan la actividad al margen de la Ley-. En cualquier caso, plantea igualmente dudas la existencia de extrema urgencia, porque la infracción principal que se le pretende imputar a Uber es la que se encuentra en el artículo 15 de la Ley de Competencia Desleal, que determina lo siguiente: “Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes. La ventaja ha de ser significativa”.

Pues bien, si hemos de analizar el daño que estaba produciendo la actividad de Uber, considero que tendríamos que tener en cuenta datos objetivos como: (i) la delimitación del mercado en el que nos encontramos, es decir, de taxi y VTC en Madrid y (ii) qué cantidad de transacciones se estaban realizando a través de dicha aplicación y qué porcentaje suponen en contraste con la totalidad de transacciones del mercado del transporte intraurbano de personas. De esta forma, la utilización de Uber a fecha de diciembre de 2014 estaba siendo tan anecdótica que no se puede considerar que ostentase una ventaja competitiva, ni que estuviera dañando al sector del taxi y VTC en España –lo cual es reconocido por el propio juez cuando establece una caución igualmente anecdótica-.

Otra cuestión muy distinta es que se considere que Uber perjudica y pone en peligro a los consumidores, lo cual debería atacarse a través de otras vías muy distintas. Esto tendría que haber sido puesto de manifiesto por el juez. No parece que un caso de competencia desleal basado en el artículo 15 de la Ley de Competencia Desleal pueda ostentar tanta relevancia como para justificar no ya unas medidas cautelares restringiendo la actividad de una empresa, sino que además se realicen sin oír a la parte contraria. Esto, en la opinión de muchos, no confirma sino el hecho de que la polémica acontecida ha podido afectar en la percepción de la realidad por parte del juez, en el sentido de que la adopción de estas medidas cautelares, a día de hoy, no encuentra justificación jurídica suficiente -y la motivación del Auto así lo confirma-. De hecho, podemos observar que existen numerosos compañeros que critican este Auto, como podemos ver en este artículo de Pere Ferrán.

En definitiva, tal y como comienza expresando el juez, sería importante realizar una separación entre el debate surgido en torno a estos nuevos modelos y lo estrictamente jurídico. Hace unos meses planteé en una publicación anterior que probablemente sería necesario diseñar un nuevo marco normativo para que estas actividades pudieran tener encaje en nuestro sistema. No obstante, cuando nos encontramos ante un procedimiento judicial, lo que debe imperar son los fundamentos jurídicos y los hechos objetivos.

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