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BlaBlaCar denuncia a España frente a la Comisión Europea

Economía Colaborativa: nueva batalla legal de BlaBlaCar.

No es ninguna novedad que las empresas incluidas dentro del ámbito de la economía colaborativa se encuentran inmersas en numerosas batallas legales. Dentro de las entidades afectadas, BlaBlaCar es una de las que quizás mayor aceptación tienen dentro de la sociedad actual y mayores argumentos legales a su favor. No obstante y a pesar de ello, tras los precedentes que se fueron marcando con otras empresas como Uber, BlaBlaCar comenzó a estar en el punto de mira de las compañías de autobuses y las autoridades en materia de transporte.

Uno de los problemas a los que se enfrenta BlaBlaCar en España es el procedimiento judicial que actualmente tiene abierto, tras la demanda presentada por Confebús, que fue admitida a trámite en verano del pasado año. El juzgado de lo mercantil nº2 de Madrid -el mismo que decretó el cierre cautelar de Uber- desestimó en esta ocasión la solicitud de medidas cautelares en favor de BlaBlaCar, permitiendo que continuara con su actividad. Sin embargo, independientemente de lo que se decidiera en las medidas cautelares, aún debía celebrarse el juicio, que comenzó en mayo de 2016 y aún está pendiente de resolución.

Sin embargo, los problemas legales de BlaBlaCar no terminan en el procedimiento judicial, pues en octubre de este año la empresa (concretamente, la filial española) recibió la primera sanción en Europa por parte de la Comunidad de Madrid. Asimismo, la empresa ha recibido numerosos requerimientos de inspección por parte de la Consejería de Transportes de esta Comunidad. A BlaBlaCar, sin embargo, le conviene no someterse a la labor de inspección de la autoridad de transporte, ya que uno de sus principales argumentos de defensa se basa en alegar que no son una empresa dedicada al transporte de viajeros, sino un mero prestador de servicios de la sociedad de la información, según lo descrito en el Anexo de la Ley 34/2002.

A pesar de lo anterior, parecía que, tras la publicación del documento A European agenda for the collaborative economy elaborado por la Comisión Europea, concluiría en cierta medida la persecución a muchas de estas empresas por parte de las autoridades administrativas. Digo esto porque, en este documento, la Comisión Europea plasma sus conclusiones (tras un minucioso estudio que se detalla en el análisis de soporte adjunto), las cuales apuntan en una línea bastante similar a lo que defiende BlaBlaCar. No obstante, se recogen conclusiones en todas las ramas de la economía colaborativa.

De esta manera, entre otras cuestiones, la Comisión indica que debe aplicarse el régimen de prestadores de servicios de la sociedad de la información y evitar la imposición de trabas administrativas basadas en la normativa sectorial. No obstante, no se trata de un documento que vincule jurídicamente (es decir, no es una norma jurídica como tal), pero sí que atisba el futuro de la regulación de esta realidad económica en Europa y, por ende, debería ser tenido en cuenta por las administraciones públicas.

De poco ha servido el posicionamiento de la Comisión Europea e, incluso, de otras autoridades como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a favor de la economía colaborativa. De esta manera, hemos podido observar cómo las administraciones públicas están llevando a cabo todos los esfuerzos posibles para presionar y provocar el cese de la actividad de muchas empresas de este ámbito, incluso aunque cuenten con una gran aceptación social y utilización a nivel global.

En este sentido, parece que BlaBlaCar ha decidido dar un golpe sobre la mesa e interponer una denuncia directamente ante la Comisión Europea dirigida contra España. Poca gente sabe que esta institución pone a disposición de cualquier interesado un canal de denuncias a través del cual se puede poner de manifiesto que un Estado miembro ha vulnerado la legislación de la Unión Europea. El formulario para realizar esta denuncia se puede encontrar aquí.

En este caso, la base de la denuncia ha sido la aplicación inadecuada de la normativa de la UE, en tanto que BlaBlaCar se considera una red social y, como consecuencia, un prestador de servicios de la sociedad de la información que debería regirse por la Directiva 2000/31/CE. En el caso de BlaBlaCar, si se analiza su actividad, tiene varios argumentos para defender que es un simple intermediario que pone en contacto a los usuarios (a contrario que sucedería con otras empresas del ámbito de la economía colaborativa).

Ahora bien, las administraciones públicas alegarán que el régimen de servicios de la sociedad de la información no impide el control y vigilancia por parte de las autoridades sectoriales, de acuerdo con el artículo 35.3 de la Ley 34/2002 (según el cual: “cuando las conductas realizadas por los prestadores de servicios de la sociedad de la información estuvieran sujetas, por razón de la materia o del tipo de entidad de que se trate, a ámbitos competenciales, de tutela o de supervisión específicos, con independencia de que se lleven a cabo utilizando técnicas y medios telemáticos o electrónicos, los órganos a los que la legislación sectorial atribuya competencias de control, supervisión, inspección o tutela específica ejercerán las funciones que les correspondan”).

Lo anterior determina el motivo fundamental por el que BlaBlaCar y otras empresas dentro del ámbito de la economía colaborativa intentan a toda costa no someterse a las autoridades administrativas sectoriales. A estos efectos, la única salida es defender que la actividad que lleva a cabo la empresa es completamente ajena al transporte, que sería algo dependiente únicamente de los usuarios, no pudiendo ser considerada como un operador dentro de esta materia de acuerdo con el ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. De esta forma, la resolución de la denuncia planteada, que podría demorarse hasta doce meses, podría marcar un punto de inflexión fundamental dentro de la lucha del sector por encontrar un encaje legal dentro del marco normativo actual.

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